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La Corte no podrá frenar reforma eléctrica

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La reforma eléctrica de AMLO, de ser aprobada por el Constituyente Permanente, lanzará a México al vacío con una economía más destrozada de lo que está ahora y tardará décadas en levantarse.

Por ser de carácter constitucional –artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna–, no habrá recurso que valga. Ni amparos ni inconstitucionalidad. Una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo fija y por eso, tras las dos intentos por imponer su modelo transformador (nacionalizar) a la industria eléctrica, es que López Obrador ha optado por reformar la Constitución.

La iniciativa enviada a la Cámara de Diputados el 30 de septiembre, que es el tercer intento de AMLO para revertir el ‘debilitamiento’ del sistema eléctrico, propone reformar justamente los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que es donde se encuentra la regulación de las actividades del sector energético.

En caso de aprobarse en ambas cámaras del Congreso y en la mayoría de los congresos locales, no podrá ser impugnada ante el Poder Judicial de la Federación por tratarse de una reforma constitucional, pues así se estableció desde 2013 en una jurisprudencia de la SCJN.

Dado que las jurisprudencias de la Corte son obligatorias para todos los jueces y magistrados, tanto federales como locales, no hay manera de que las empresas privadas –nacionales y extranjeras– puedan ampararse, aun si consideran que resultan afectadas directamente por la reforma.

A los inversionistas extranjeros sólo les quedaría la protección que otorgan los tratados y acuerdos internacionales de los que México forma parte, como el T-MEC –con Estados Unidos y Canadá–, el TIPAT –con los países de la región Asia-Pacífico– y el TLCUEM –con la Unión Europea–, entre los más importantes.

Por eso en mi comentario de ayer, le expuse que a ningún mexicano bien nacido, le conviene que la reforma propuesta por el tabasqueño sea aprobada y abrigué la esperanza de que AMLO reciba un “frentazo” con el rechazo de la misma por los legisladores que piensan que no frustrar el futuro de México es el camino.

Votar solo para estar bien con el emperador autoritario de Palacio Nacional, es hundir al país.

Se la pongo de otra manera, para que quede claro:

El problema es que tras la aprobación de la reforma, automáticamente quedarían cancelados los contratos privados. Así lo señala el artículo segundo transitorio de la reforma propuesta.

En el extremo, dejaría de producirse 62 por ciento de la energía eléctrica en el país. Si la CFE utiliza la totalidad de su capacidad instalada, se podría llegar a 54 por ciento, y aun así tendríamos un déficit de 46 por ciento.

Si nos ponemos optimistas y suponemos que se establezca un periodo de transición en el cual se renegocien los contratos, aun así sería factible que muchas centrales privadas se apagaran, simplemente por la incertidumbre derivada de esa renegociación y nos enfrentaríamos a una situación de insuficiencia en la generación.

Este lunes la secretaria de Energía expuso el problema cargado de obradorismo puro. Acusó a Bimbo, Cemex, FEMSA, Walmart y otras empresas de revender la electricidad que producen.

Rocío Nahle, explicó que estas empresas se han beneficiado al revender electricidad bajo un esquema de autoabasto sin el permiso autorizado.

Señaló que con la reforma energética de 2013 se extendieron permisos de autoabasto para que las grandes fábricas pudieran producir su electricidad; sin embargo, han hecho mal uso de estos tipos de sociedades.

“Esto decayó en una práctica ilegal creando un mercado eléctrico paralelo, donde simularon estos permisionarios tener socios, socios de un dólar, y empezaron a vender electricidad utilizando las líneas de transmisión de la CFE e incurriendo en fraude fiscal. Esta actividad es ilegal”, dijo.

Puntualizó que, actualmente, hay registradas 239 centrales de autoabasto y, de ellas, hay 77 mil 767 consumidores.

Las empresas privadas producen energía limpia y se anota que han llegado a un 62% del watage que se consume en sus propias plantas y aun en muchos hogares.

La secretaria de Energía les imputa conectarse a la red de la Comisión Federal de Electricidad para distribuir y revender ilegalmente su energía.

Lo congruente, a mi juicio, es que si las grandes empresas privadas que están produciendo energía renovable se conectan a la red de CFE para su distribución, en ese momento la CFE es la única con capacidad para cobrar al consumidor.

Hay otro gran problema que no se contempla la iniciativa de AMLO: el almacenamiento de la energía, algo que es el futuro y para la que sirve el litio, el elemento químico que AMLO se apresta a nacionalizar.

México va detrás con un solo proyecto a gran escala: una planta de almacenamiento de 100 megawatts que IEnova construirá en Mexicali, pero que conectará con el sistema eléctrico de California, y no con el sistema mexicano.

La política energética del presidente López Obrador se ha vuelto un punto de contención tanto al interior como al exterior de México. El empresariado estadounidense y funcionarios de su gobierno se han sumado a las voces que expresan su desacuerdo con la política obradorista para el sector, caracterizada por sus tintes nacionalistas y su enfoque en el sector público.

Con la reforma eléctrica en manos del Congreso y la amenaza de que sea aprobada, se esperan todavía más presiones internas y externas. Expertos han advertido incluso que existe el riesgo de entrar en conflicto con la letra de varios acuerdos comerciales, entre ellos el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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