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Por violencia del crimen organizado y negativa de pueblos indígenas, más de 240 mil mexicanos no pudieron votar

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Por: Jesús Lemus Barajas

Por violencia y amenazas del crimen organizado -que evitaron la instalación de casillas o vandalizaron las ya establecidas- al cierre de la jornada electoral de este domingo, se establece que por lo menos 240 mil mexicanos no pudieron emitir su voto para elegir indistintamente a su gobernador, diputado federal, diputado local o alcalde.

Fueron 320 las casillas que, principalmente a causa de la violencia, no se pudieron instalar, en donde también se agregan aquellas casillas en donde las comunidades indígenas autónomas decidieron no participar en este proceso de elección por el hecho de que sus autoridades, tal como lo contempla la Constitución Política del país, son electas mediante el proceso de Usos y Costumbres.

Por decisión de los Consejos Indígenas Autónomos fueron 38 las casillas que no se pudieron instalar dentro de la demarcación territorial de los pueblos originarios, esto principalmente en los estados de Michoacán, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Veracruz, Chihuahua y Sonora, en donde se estima que fueron 28 mil 500 los mexicanos privados –por decisión propia- de su derecho al voto.

Respecto a las casillas en donde la violencia y las amenazas de los grupos delincuenciales impidieron que los votantes acudieran a cumplir con su derecho y obligación de elegir a sus autoridades, se estima que son por lo menos 211 mil 500 mexicanos, los que nada pudieron hacer ante las amenazas del crimen organizado que no dejó que se instalaran 282 mesas de votación.

De esa forma, estas son las elecciones más accidentadas que se registran en la historia reciente de México, en donde a pesar del despliegue de un gran operativo de seguridad, miles de mexicanos fueron arrebatados de su derecho a votar sus autoridades.

Por esa razón, por el cierre obligado de casillas a causa de la violencia, la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada en atención a Delitos Electorales (FEPADE) inició este día un total de 180 carpetas de Investigación por presuntos delitos electorales contra quien resulte responsable.

La mayoría de las carpetas iniciadas fueron integradas sin detenidos, pero en al menos 36 casos sí se logró la detención de los presuntos infractores, muchos de ellos asociados con diversas células criminales que operan en los municipios más violentos de los estados de Puebla, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Baja California y de la Ciudad de México.

De acuerdo a datos de la Fiscalía General de la República, durante esta jornada electoral fueron detenidas, por fuerzas federales y/o policías estatales y municipales, por lo menos 106 personas, a las que se les incautaron desde equipos de comunicación, armas, dinero en efectivo hasta credenciales para votar y boletas electorales en blanco.

Los 106 detenidos que fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, se señalaron inicialmente de haber participado en hechos delictivos como la instalación en casillas de pancartas o letreros que anunciaban que esa mesa de votación no se abriría por riesgo de violencia hasta quema de urnas, robo de boletas y quema de papelería oficial.

Otros detenidos y consignados ante la autoridad federal fueron en razón de la portación de armas, dinero en efecto y credenciales de elector, algunos de ellos durante el acto de negociación para la compra de votos, según dieron a conocer fuentes de la FEPADE.

Las comunidades indígenas en donde por decisión de sus Consejos de Mando no permitieron la instalación de casillas, fueron las asentadas en las localidades de Aranza, Zopoco, Santa Fe de la Laguna, Sevina, Urapicho, San Felipe de los Herreros, San Benito, Pichataro, Arantepacua Nahuatzen y Cherán, en el estado de Michoacán.

En el estado de Chiapas las comunidades que impidieron la instalación de casillas fueron las de Oxchuc, Ch’ol de Tila, Sitalá y Chilón, igual que sucedió en algunas localidades del municipio de Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero. Esta situación también se replicó en localidades indígenas de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, en el estado de Jalisco.

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