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Radiografía de la violencia política en México

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Rumbo al 6 de junio, en México, los cárteles de las drogas asedian las próximas votaciones.


Por: Jesús Lemus Barajas


La jornada de votaciones del próximo 6 de junio, además de estar imbuida dentro de uno de los procesos electorales más violentos que ya se registran en México en los últimos 20 años, podría ser también el primer proceso electoral en donde los cárteles de las drogas y grupos de la delincuencia organizada influyan de manera importante sobre el rumbo político del país.

Ni el Instituto Nacional Electoral (INE) ni el propio gobierno federal a través de sus instancias de seguridad pública, como la Fiscalía General de la Republica (FGR) o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reconocen oficialmente esa posibilidad, pero en la realidad existen al menos 103 regiones en todo el país en donde los grupos de la delincuencia organizada y de los cárteles de las drogas han hecho pública su intención de influir en el voto del electorado.

Tal es la injerencia de los principales grupos criminales en este proceso electoral que al día de hoy, según lo revelan fuentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ya se han registrado al menos 280 casos de candidatos a diversos cargos de elección, principalmente aspirantes a presidentes municipales, que han tenido que solicitar autorización a la delincuencia para poder participar en el proceso electoral.

El narco, el gran elector

Uno de los casos más emblemáticos que revela la autoridad tácita que ha asumido la delincuencia en términos políticos, es el del alcalde Alfredo Sevilla Cuevas presidente municipal de la localidad de Casimiro Castillo, en Jalisco, quien solicitó autorización al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para contender en este proceso en busca de su reelección, como candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC).

El CJNG, liderado por Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, le negó la autorización al alcalde y candidato del Movimiento Ciudadano Alfredo Sevilla Cuevas. Le ordenó que no participara en el proceso, porque no convenía a sus intereses. Sin embargo, el alcalde Sevilla Cuevas desoyó la negativa del cártel y optó por buscar su reelección, pese a la advertencia.

La reacción del cártel no se dejó esperar. El presidente Sevilla Cuevas fue asesinado. Su cuerpo sin vida fue localizado, el 11 de marzo pasado, a un costado de la carretera que comunica al municipio de Casimiro Castillo con la localidad de Autlán de Navarro, en un paraje conocido como “El Mirador”, a la altura del kilómetro 78.

El caso de Alfredo Sevilla Cuevas no es el único en donde el Cártel Jalisco Nueva Generación llegó al extremo para influir en el proceso electoral. Un caso similar es el del candidato también del Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta Gutiérrez, quien aspiraba a ser alcalde del municipio de Cajeme, Sonora.

Abel Murrieta Gutiérrez, de acuerdo a una línea de investigación que maneja la Fiscalía del estado de Sonora, recibió en por lo menos tres ocasiones la advertencia de un grupo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación para que desistiera en su intención de participar en la contienda electoral, a lo que el candidato no hizo caso.

De acuerdo a las primeras investigaciones de la Fiscalía local, el CJNG no aceptó la candidatura de Abel Murrieta por considerarlo ajeno a sus intereses en la zona de Cajeme, pues el candidato había sido Procurador de Justicia del Estado de Sonora en las administraciones de los gobernadores Eduardo Bours y Guillermo Padrés.

El candidato del MC Abel Murrieta Gutiérrez fue asesinado la tarde del 13 de mayo; un solitario sicario se le acercó cuando la víctima repartía publicidad en la esquina que conforman las calles California y Guerrero, en la colonia Cumuripa, de Cajeme. El sicario disparó en diez ocasiones contra el candidato.

Otro caso similar, en donde el narco se convirtió en el gran elector y decidió antes que el electorado, es el del candidato Francisco Rocha Chávez, quien aspiraba a ser diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por el distrito 15 de Ciudad Victoria. Rocha Chávez, era un popular futbolista, al que se le conocía con el apodo de ‘Batata’, por las glorias alcanzadas en el futbol local de Tamaulipas.

Su postulación como candidato a diputado no fue aceptada por el Cártel de Los Zetas. El grupo criminal le advirtió a ‘Batata’ que desistiera de sus intenciones políticas. Igual que en otros casos, la advertencia fue ignorada y ‘Batata’ fue asesinado el p asado 24 de abril por un sujeto que le disparó en tres ocasiones.

Un proceso sangriento

En total, en lo que va de este proceso electoral, que ha entrado a la recta final, ya se han registrado en todo el territorio nacional por lo menos 79 asesinatos contra actores políticos, en donde se contabilizan 12 mujeres, según lo establece el Indicador de Violencia Política en México elaborado por la firma Etellekt Consultores.

De acuerdo a esta consultoría, el proceso electoral actual es uno de los más violentos que se han registrado en México desde el año 2000 a la fecha; hasta hoy, el proceso electoral más violento era el de 2015 cuando hubo 61 asesinatos. En lo que va de este proceso ya se han registrado 79 víctimas mortales de actores políticos.

No solo eso. También han ido en aumento las agresiones físicas y contra el patrimonio de los actores políticos, las que se estiman ya son 174 amenazas de muerte, 34 atentados contra la dignidad, 31 robos, 30 atentados contra familiares de candidatos, 27 actos de daños a la propiedad, 25 privaciones ilegales de la libertad, 16 ataques contra colaboradores de campaña, 15 intimidaciones, 14 intentos de homicidio y seis lesionados.

La mayoría de estos actos violentos, que han dejado en calidad de víctimas a por lo menos 443 actores políticos, son atribuidos a grupos de la delincuencia organizada o miembros de los cárteles de las drogas, que de esa forma buscan intimidar a aquellos aspirantes a un cargo de elección popular, que no son de su agrado.

Tierra de cárteles

La mayor parte de los incidentes violentos que se han registrado hasta hoy, dentro de este proceso electoral, se han verificado en aquellas localidades epicentros de la actividad delincuencial de los principales cárteles de las drogas, considerados como territorio de los cárteles de Sinaloa, del Jalisco Nueva Generación, de Los Caballeros Templarios, de Los Zetas, del Golfo, de Tijuana, de Juárez y de los Hermanos Beltrán Leyva.

Y es que estos cárteles, de acuerdo a la visión del gobierno norteamericano, contenida en el informe “México: Crimen Organizado y Organizaciones de Tráfico de Drogas”, elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, son los actores principales de la violencia que “no solo se asocia con resolver disputas, mantener la disciplina e intimidar a los rivales, sino también va dirigida hacia el gobierno, los candidatos políticos y los medios de comunicación”.

Solo así se entiende que los principales focos de violencia sobre los actores políticos de este proceso electoral se concentren en los 27 estados del país, en donde los principales cárteles de las drogas han podido establecer un predominio pleno sobre la seguridad pública.

De todos los asesinatos de actores políticos ocurridos hasta el día de hoy, 22 han ocurrido en regiones de Veracruz, 16 en zonas de Guerrero, 14 en Oaxaca, 12 en Guanajuato, 11 en Morelos, 10 en Baja California, ocho en el Estado de México, ocho en Michoacán, ocho en Zacatecas y siete en regiones del estado de Jalisco.

Otros siete asesinatos de políticos han ocurrido en diversas regiones de Puebla, siete en zonas de Sinaloa, seis en Chiapas, cinco en Quintana Roo, Tamaulipas y en Tabasco, respectivamente, mientras otros cuatro en Chihuahua, cuatro en San Luis Potosí, tres en Sonora, dos en la Ciudad de México y uno en Nuevo León, Coahuila, Colima, Nayarit e Hidalgo, respectivamente.

No sobra decir que de acuerdo a la Fiscalía General de la República, el estado de Guerrero es controlado por el Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva; en Jalisco, Colima y Nayarit, prácticamente gobierna el Cártel Jalisco Nueva Generación; en Baja California, el cártel preponderante es el de los Hermanos Arellano Félix o Cártel de Tijuana, en tanto que en Sinaloa el cártel de mayor presencia es justamente el de Ismael Zambada o de Sinaloa.

En lo que respecta al cártel de Los Caballeros Templarios, estos tienen pleno dominio de los estados de Michoacán y Guanajuato; en el Estado de México, Los Templarios se disputan el control con el cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, igual que en la Ciudad de México y Sonora se disputan el control los cárteles de Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa.

En los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, la disputa por el control se da entre los cárteles del Golfo y Los Zetas. En Puebla y Nuevo León la disputa es entre el CJNG, del Golfo y Los Zetas, así como ocurre en Tamaulipas y Tabasco donde interactúan Los Zetas y el cártel del Golfo. En San Luis Potosí, Coahuila, Hidalgo y Zacatecas, el cártel de los Zetas es el preponderante, igual que en Quintana Roo, donde también ya hay presencia del CJNG y de los Hermanos Beltrán Leyva.

Voto en alerta

Bajo este panorama, el gobierno federal –sin reconocer la posibilidad de intromisión del narco en el proceso electoral, pero sí previniendo del riesgo que corren las elecciones ante la ola de violencia- ha alertado a los gobiernos estatales para que doten de mayor seguridad las regiones en donde el voto ciudadano podría estar bajo asedio de la delincuencia.

De las 103 regiones que están en riesgo de una intervención directa de los cárteles en este proceso electoral, se ha recomendado mayor vigilancia en aquellas donde ya hay evidencia de relación entre candidatos y narcotraficantes y en donde el narco ha obligado a la renuncia de algunos postulantes.

Entre las regiones que han causado alerta oficial se encuentran Tijuana y Mexicali, en Baja California, que son zonas de influencia del cártel de los Arellano Félix; en La Paz, Santa Rosalía y Comondú, en Baja California Sur, donde se teme la injerencia del cártel de Sinaloa; en Ciudad Obregón, Hermosillo, Navojoa, Santa Ana, Magdalena de Kino y Nogales, en el estado de Sonora, donde se presume la intervención del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Por su parte en Cuauhtémoc, Ciudad Juárez, Guadalupe y Calvo, Jiménez, Camargo, Chihuahua y Delicias, en el estado de Chihuahua, -según alerta el CDI- los cárteles que podrían desequilibrar este proceso electoral son los de La Línea, una escisión del cártel de Juárez, y algunos grupos que operan en coordinación con el cártel de Sinaloa; en Monclova, Torreón y Piedras Negras, en Coahuila, el riesgo se atribuye a la presencia del cártel de Los Zetas.

Igualmente se ha emitido una alerta sobre los candidatos que hacen campaña en las regiones de Monterrey, Sabinas, Allende, Montemorelos y Linares, en Nuevo León, que son regiones controladas por los cárteles de Los Zetas y del Golfo; en Tamaulipas, las regiones candentes a causa de la presencia del cártel de Los Zetas, son las de Ciudad Victoria, Matamoros, Reynosa, Ciudad Mante y Tampico.

Por lo que hace a las regiones de Los Mochis, Guasave, Culiacán y Mazatlán, en Sinaloa, allí se estima que el cártel que podría intervenir directamente en algunas campañas electorales, sería el de Sinaloa, a través de cualquiera de los grupos que comandan Ismael Zambada García o Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán u Ovidio Guzmán López, los Hijos de Joaquín Guzmán Loera.

En el estado de Nayarit, las zonas de alto riesgo para los candidatos de este proceso electoral son las de Tepic, Ruiz, Rosamorada e Ixtlán del Río, en donde se han asentado células del Cártel Jalisco Nuevo Generación; también este mismo cártel podría intervenir directamente en las campañas que se llevan a cabo en Jalisco, principalmente en Guadalajara, Autlán, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Tomatlán, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno.

En Colima, el riesgo de intervención del narco que reconoce el Centro Nacional de Inteligencia en este proceso electoral, se ubica solo en las ciudades de Manzanillo y la capital del estado, el que se atribuye a la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación. Este mismo cártel, también es el que ha elevado el potencial riesgo de violencia o financiamiento en las campañas que se llevan a cabo en Zamora, La Piedad, Tepalcatepec, Aguililla, Coalcomán y Buena Vista Tomatlán-Apatzingán, en el estado de Michoacán.

En Michoacán no solo es el CJNG el que puede opacar las campañas, allí también en las regiones de Uruapan, Morelia, Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas, Huetamo, Arteaga y Zitácuaro, se estima que células de los Caballeros Templarios y de la Nueva Familia Michoacana, podrían intervenir tanto en el financiamiento como en agresiones a los candidatos.

En el estado de Guanajuato, el mayor índice de riesgo se estima -por parte del Centro Nacional de Inteligencia-, será en los municipios de León, Silao, Celaya, Irapuato, al considerar que en las primeras dos localidades se encuentra asentado el cártel de Los Zetas, mientras que en las dos últimas opera el Cártel de Santa Rosa de Lima en sociedad con una fracción de la Familia Michoacana.

En Guerrero, la región de mayor riesgo es el corredor Taxco-Iguala-Chilpancingo-Acapulco, en donde grupos delincuenciales asociados con el cártel de los Hermanos Beltrán Leyva intentan ya el control de algunas campañas a cargos de elección local, igual que sucede en Zacatepec, Jojutla y Cuernavaca, en el estado de Morelos.

Por esa razón, atendiendo la recomendación de seguridad que ha emitido el CNI, los gobiernos de estos estados han dispuesto de una fuerza de seguridad que hoy se estima en mil 120 elementos de policía, a los que se les ha encomendado la seguridad de los candidatos, una seguridad que está focalizada principalmente a los candidatos a las alcaldías y a los que aspiran a ser diputados, incluyendo en algunos casos a los que aspiran a ser gobernadores.

Solo en los estados en donde habrá elecciones para gobernador, los candidatos a ese cargo ya son apoyados en su seguridad personal por más de 440 policías, entre elementos estatales y municipales, los que representan un costo promedio total de un millón de pesos por día, que es pagado por todos los contribuyentes.

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