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Poder Judicial Edomex actúa y descubre dos redes de corrupción en el tribunal

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El Poder Judicial del Estado de México (PJEM) informó que fueron detectadas un par de redes de corrupción al interior del Tribunal Superior de Justicia de la entidad (TSJEM), por lo que, en conjunto con la Fiscalía General de la Justicia estatal (FGJEM) han iniciado acciones para desmantelarlas y capturar a los responsables.

A la fecha ya existen detenidos, pero falta aprehender a servidores públicos judiciales y litigantes que actuaban de forma ilegal.

En el primero de los casos,  el Poder Judicial mexiquense reveló que  se detuvo  a José “N”,  quien ya fue vinculado a proceso penal por su probable participación en el delito de extorsión.

José “N” es un ex servidor judicial que se desempeñaba en un juzgado de control, a quien se le concluyó el cargo en 2017, por pérdida de confianza. Se explicó que este sujeto establecía comunicación con los litigantes para obtener sentencias favorables, a cambio de 50 mil pesos.

Esto lo que realizaba con apoyo de una servidora judicial, desde el interior del Tribunal, quien ya ha sido detectada y cuenta con  una orden de aprehensión en su contra.

El otro caso es sobre una notificadora que realizaba diligencias selectivas, según el pago de litigantes. Con apoyo de intervenciones telefónicas autorizadas por el Poder Judicial federal se logró extraer información del  móvil de Verónica “N”, que dirigía una red en los juzgados de Coacalco.

Mediante un comunicado, la dependencia informó que no tolerará actos de corrupción y su presidente, Ricardo Sodi Cuellar, manifestó que  la institución está comprometida a cabalidad con la función jurisdiccional, por lo que no tienen cabida actos ilícitos de servidores públicos de ninguna categoría, ni litigantes.

Exhortó a colaboradores judiciales y litigantes a denunciar aquellos actos contrarios, no sólo a las leyes, sino a la ética y valores elementales como la transparencia y la honestidad, por lo que debe actuarse en consecuencia, a fin de evitar que estos comportamientos se repitan.

Las investigaciones continúan, sobre la posible participación de otros servidores públicos, abogados y usuarios.

Fuente: La Jornada

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