Según encuesta

57 por ciento de la población teme al despliegue de soldados y marinos

revista4Q / 14 de 05 2020 / Por Juan Chávez

Los efectivos del Ejército y la Marina han dejado los cuarteles para medir sus fuerzas contra las de los cárteles de la droga. Se trata de frenar la violencia y de que la paz, la tranquilidad regrese a las comunidades mexicanas. Eso, en teoría, resultaría positivo si no se alcanza a divisar que la fuerza armada en las calles es la continuación de la estrategia fallida del señor Obrador.

El Presidente ordenó este lunes 11 de mayo “a las fuerzas armadas participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública.

Es el pretexto. La militarización del país es un hecho y el 57 por ciento de la población, según encuesta del mismo día 11 por la noche, tiene miedo al despliegue de soldados y marinos.

Son más de 40 mil los homicidios dolosos registrados en los 17 meses del gobierno obradorcista, que constituyen también el rotundo fracaso de la política de seguridad sustentada en la promesa de don Andrés “de regresar al Ejército a los cuarteles”.

Ahora, no solo ha reivindicado a Calderón en los hechos, sino que va más lejos. Se quiera o no aceptar, vamos a vivir una conflagración. Algo así como una guerra civil en la que el bando por combatir, que ha hecho temblar al poder de Palacio Nacional, cuenta con armamento de primer nivel y sofisticado.

La medida representa el riesgo, en plena emergencia sanitaria, de exacerbar la violencia, incrementar la violación a derechos humanos y una caída de investigaciones penales.

Militares y marinos en las calles cumplirán funciones que hasta el lunes fueron exclusivas de las autoridades civiles y de la Guardia Nacional que se fortalecerá con la militarización del país, incuestionablemente y a costa, por supuesto, de los temores en la conciencia colectiva de la sociedad.

El anuncio presidencial publicado el mismo lunes en el Diario Oficial de la Federación es el más severo reconocimiento del fracaso de la rimbombante Guardia Nacional que no puede con la tarea de salvaguardar la seguridad de los mexicanos.

La seguridad a partir del 12 de mayo y hasta marzo de 2024 quedó militarizada por la marinería y la soldadiza que entraron al terreno de la desesperación de un gobierno que no ha aprendido a gobernar y que mandó al carajo sus promesas de campaña.

López Obrador, en sus discursos campaneros se comprometió cambiar la política de seguridad pública. “Vamos a buscar otra estrategia y vamos a conseguir la paz”, declaraba como aspirante.

Fue crítico, como candidato a la Presidencia, “del uso de la fuerza pública para combatir a los delincuentes”.

Ahora, sentado en la silla del águila ha firmado el decreto para militarizar a la seguridad pública y supuestamente que la fuerza del Ejército y la Marina, fuera de los cuarteles, vayan en auxilio de la fracasada Guardia Nacional que se formó con soldados y marinos, que entrenó el Ejército, que pagó el Ejército y que ha valido un enorme nido de lamentaciones.

En esa grieta presidencial hay dos responsables que, para purificar la gobernabilidad, debieran ser renunciados a los encargos que López Obrador les confió:

Olga Sánchez Cordero, en la secretaria de Gobernación, y Alfonso Durazo Montaño, en la secretaría de Seguridad Pública.


Ninguno de los dos ha dado la medida y arrastraron al tabasqueño al peor de los ridículos: Reconocer, en la realidad más pura, que Calderón tuvo razón en “su” guerra y en el uso de soldados y marinos en el combate de las bandas de sicarios y narcotraficantes. AMLO debería tragar camote.